Recordamos que los hechos se remontan a la Fiesta Mayor de Terrassa en verano del 2002, cuando un pasacalle festivo que pedía la retirada de las banderas española y europea del balcó del ayuntamiento fue reprimido por agentes de la policía municipal. Estos agentes meses más tarde denunciaron a dos personas como responsables de haber intentado descolgar la bandera y de haberlos agredido. Esta denuncia provocó que la fiscalía hiciera una acusación inicial por los delitos de ultratge a espanya, atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes y pidiera 3 años y 6 meses de prisión. Denunciar también el papel del ayuntamiento por la complicidad y pasividad en los hechos: permitiendo que la policía municipal redactara una denuncia desproporcionada como respuesta al pasacalle, asistiendo al juicio como parte afectada por reclamar el dinero que costaba la bandera española, y dejando que el procedimiento judicial se consolidara en una condena firme de ingreso a prisión. El juicio se realizó en septiembre del 2004. Los agentes que habían denunciado se desdijeron de su versión anterior y sólo admitían la presencia de el Franki al pasacalle y en caso alguno manifestaban haberlo visto descolgando la bandera o agrediendo a los agentes. Es más, uno de los agentes declaró unos días antes delante del juez que él había denunciado al Franki porque le habían pasado su nombre y apellidos escrito en un papel.

Durante el juicio no existieron más prueba que demostraran su presencia en el pasacalle, ni en vídeos del ayuntamiento ni en fotografías de la prensa. Recordar también que el ayuntamiento se personó al juicio por reclamar los 70 euros que valía cambiar la bandera española, puesto que había sufrido un desgarro de unos 4 cm por 10 cm.

La sentencia se supo en noviembre del mismo año. Condenaba a en Franki a dos años y 3 meses de prisión por los delitos de desórdenes y atentado a la autoridad y a una pena-multa de 9 meses, que de no pagarse sumaría su mitad en prisión(4 meses y medio). O sea, el total serian 2 años y 7 meses y medio de prisión. El juez que dictó la sentencia fue Enrique Rovira del Canto, un antiguo fiscal militar durante la dictadura que se pasó a juez durante la transición. Este personaje dictó la sentencia reconociendo que “no se podía acreditar la participación de los acusados en los hechos”, pero como que según la policía estaban allá, lo podían haber hecho.

En este juicio se vulneraron los derechos fundamentales de defensa, no se respetó la presunción de inocencia, no fue un juicio justo, no hubo ninguna prueba que demostrara los delitos de que se acusaba,... Al saber la sentencia, se presentó un recurso a la sección 2ª de la audiencia provincial de Barcelona, que lo desestimó en mayo del 2005. En aquel momento la sentencia aconteció firme, y al superar los dos años de prisión significaba un ingreso directo sin posibilidad de libertad condicional. Gracias a la movilización popular se forzó al ayuntamiento de Terrassa, que no había hecho nada hasta entonces(todo al contrario), a posicionarse y este presentó un indulto. Esta petición sirvió para que el juzgado penal n. 2 parara la ejecución de la sentencia, o sea el ingreso a prisión.

Un año después en marzo del 2006 el indulto fue denegado y la ejecución de la sentencia se activó nuevamente. Otra vez la movilización popular presionó al juzgado y este aceptó parar el ingreso a prisión mientras no se resolviera un recurso presentado al tribunal constitucional que pedía la anulación del juicio.

Finalmente este año 2008 este recurso ha sido desestimado y, por lo tanto ya no quedan más organismo judicial del estado español donde recorrer. Tanto el juicio, como la sentencia, como la ejecución de la misma tienen una finalidad política, lo que pretenden es dar un “castigo ejemplar”, tanto al Franki como el resto de personas activas, solidarias y comprometidas con las diversas luchas de Terrassa y de todas partes. Quieren hacernos creer que a todos/as nos puede pasar lo mismo por tal de desactivarnos políticamente y desmotivarnos personalmente. Pero de lo que no se dan cuenta es que con la represión no hacen nada más que aumentar las ganas de continuar luchando y de denunciar las agresiones que sufrimos por parte de un estado capitalista e imperialista, y de su maquinaria(policía,instituciones,jueces,prensa,....)

Porque el gobierno y las instituciones subordinadas han optado por la vía de la fuerza y la represión a la hora de resolver los conflictos políticos y sociales, estendemos un llamamiento a la RESISTENCIA y a la DESOBEDIÀNCIA CIVIL.

No podemos permitir que ningún compañero más sea hecho prisionero por decir que piensa y actuar en consecuencia.